Por unos presupuestos para las personas:
¡Renta Básica de las Iguales ya!
«Exigimos que en los presupuestos del Gobierno de Canarias del 2019 se ponga en marcha la primera fase de la Renta Básica de las Iguales que sacaría de la exclusión a las personas que la padecen más duramente».
Canarias 28 de febrero de 2018. La Asamblea Canaria por el Reparto de La Riqueza (ACRR), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Organización Juvenil Azarug, comienza con una campaña que se desarrollará a lo largo de los próximos meses para exigir el reparto justo de la riqueza en Canarias y la puesta en marcha de diferentes iniciativas para su viabilidad.
Canarias líderes en Turismo y en Pobreza:
Canarias cerró el 2017 como el mejor año turístico de su historia con 16 millones de turistas, mientras aumentamos el número de personas que sufren pobreza y/o exclusión social en las islas: 937.458 personas , 215.000 más que en el 2008. Siendo la sexta región de la llamada «Comunidad económica europea» con más personas que sufren pobreza y exclusión: un 44,6% de la población, es decir, casi la mitad de las que aquí vivimos. Exigimos que el dinero generado en las islas se quede en el Archipiélago y sea repartido justamente.
A pesar de los récords que bate el turismo en Canarias, el incremento de los ingresos por turismo no se refleja en la mejora de la calidad de vida en nuestras islas, en un mejor reparto de la riqueza ni en la disminución de la pobreza. En casi tres años de mandato, el Gobierno de Canarias no ha logrado cambiar la tendencia de los indicadores de pobreza, el ejecutivo canario pretende con sólo 15 millones para el 2018 dedicados al ‘plan contra la pobreza’ (aún no concretado) y 54 millones para la PCI, afrontar un problema que afecta a casi la mitad de la población.
La industria turística sigue acumulando beneficios multimillonarios que en un alto porcentaje no llegan a Canarias, donde se generan. El negocio del Turismo ha crecido sobre una economía colonial y en unas tierras propiedad mayoritariamente de unas pocas familias. Un imperio lucrativo que se aprovecha de la especulación urbanística, una fiscalidad reducida, el crecimiento de la construcción, el apoyo institucional y un mercado laboral propio de una economía empobrecida con bajos salarios y una reserva de mano de obra para los empleos en precario y de explotación (más de 240 mil personas en la cola del paro).
La precarización en el sector turístico afecta a la mayoría de los más de 300 mil puestos de trabajo que dependen del turismo, empleos ocupados en gran medida por los sectores sociales que ocupan los lugares más bajos en el mercado laboral, como mujeres e inmigrantes pobres. La externalización y subcontratación están a la orden del día, así como una alta tasa de temporalidad y una escasa oposición sindical.
Paralelamente se ha creado una ficción en torno a las virtudes del turismo, ocultando sus efectos sociales y ambientales negativos. La zanahoria del desarrollo turístico en las islas no ha impedido la degradación del territorio, el encarecimiento de la vivienda fruto de la especulación, la precarización del empleo turístico, la acumulación de la riqueza en unas pocas manos (según la Agencia Tributaria, cerca de 6000 personas en Canarias poseen un patrimonio equivalente a la mitad del PIB de las islas) o la fuerte dependencia de la economía canaria respecto al sector turístico en detrimento del sector productivo.
Llegó el momento de pasar a la acción, de negociar un convenio que dignifique el empleo en el sector turístico, de controlar los abusos empresariales en materia de derechos laborales, de establecer una mayor presión fiscal sobre los grandes grupos hoteleros, agencias de viajes mayoristas y grandes fortunas de las islas, etc. Hablamos de medidas que revertirían directamente en el reparto de la riqueza, la mejora del nivel de vida para decenas de miles de familias que viven del turismo y el aumento de los ingresos en las arcas públicas que posibilitarían la aplicación progresiva de una Renta Básica de las Iguales (Individual, incondicional y universal) para todos las personas sin ingresos y dotarla presupuestariamente.
Se trata de soluciones que únicamente dependen de voluntad política y que afectan directamente a quienes vivimos en una situación de total precariedad y pobreza.
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